Comunicados de Prensa y Declaraciones
Comunicados de Prensa y Declaraciones
Si es declarado culpable, Gary Dale Thrasher, de 56 años, enfrenta una pena máxima de 30 años en prisión federal por los cargos de fraude bancario; una pena máxima de 10 años en prisión por los delitos de fraude de pasaportes y una pena mínima obligatoria de dos años en prisión por el delito de robo de identidad con agravante.
ERO diseñó y lanzó la Operación Refugio Falso a finales de 2019 para identificar y dirigirse contra abusadores sexuales de niños y otros delincuentes atroces que fueron condenados después de naturalizarse por delitos que cometieron y ocultaron durante el proceso de naturalización.
Según documentos del tribunal, Ana María Hernández, de 53 años, se presentó a sí misma como una empleada del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS, por sus siglas en inglés) y defraudó a numerosas víctimas no ciudadanas y los familiares de estas al representar falsamente que ella procesaría sus solicitudes migratorias por una cuota sustancial.
Según documentos del tribunal, Ana María Hernández, de 53 años, se presentó a sí misma como una empleada del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS, por sus siglas en inglés) y defraudó a numerosas víctimas no ciudadanas y los familiares de estas al representar falsamente que ella procesaría sus solicitudes migratorias por una cuota sustancial.
Ana Hernández, de 53 años, está siendo acusada con cargos penales relativos a su presunto fraude electrónico y suplantación de un empleado federal.
El 9 de septiembre de 2020, Rito Salomón Palacios —51 años, de Laredo— se declaró culpable ante la juez federal de distrito Diana Saldaña por fraude electrónico y extorsión bajo apariencia de legalidad.
La audiencia de sentencia se llevó a cabo hoy, luego del juicio por jurado de nueve días de Galima Murry que se llevó a cabo ante el Honorable David M. Ebel —y en el cual el jurado llegó a sus veredictos de culpabilidad el 16 de enero de 2020. Murry fue uno de cuatro acusados encontrados culpables en juicio. Los otros acusados se encuentran a la espera de sus audiencias de sentencia.
El subdirector interino Derek Benner se dirige al público para discutir malentendidos sobre el uso de escuelas encubiertas por parte de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE –específicamente la Universidad de Farmington– para identificar y desarticular intentos por parte de estudiantes extranjeros y reclutadores de explotar el sistema de visas estudiantiles de no inmigrante para permanecer en el país mediante fraude.
Jenny Hernández, 51, de Parkland, Florida, fue condenada a 18 meses en prisión tras haberse declarado culpable de fraude de visas previamente. Hernández intentó obtener visas con información falsa para individuos en el extranjero.
En abril de 2019, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y la Patrulla Fronteriza (USBP, por sus siglas en inglés) de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) comenzaron la iniciativa Fraude Familiar en El Paso para identificar a individuos presentándose fraudulentamente como familias al solicitar asilo para poder ser liberados dentro de Estados Unidos.
Cincuenta personas ahora se encuentran bajo la custodia de la policía tras la presentación de un pliego acusatorio de 206 cargos la semana pasada, el cual acusó penalmente a 96 personas por su presunta participación en un esquema de fraude matrimonial a gran escala.
Según el pliego acusatorio, Erika Paola Intriago, 44, de Tampa, quien no es una abogada titulada, se representó a sí misma fraudulentamente como una abogada de inmigración ofreciendo servicios relacionados con inmigración en redes sociales, atentando contra personas de países de habla hispana buscando servicios relacionados con inmigración.
Las formulaciones de cargos acusan a operadores y clientes de tres esquemas de “hogares de maternidad” o “hogares de parto” que fueron desarticulados en marzo de 2015 cuando agentes federales efectuaron 35 órdenes de registro, las cuales fueron producto de operaciones encubiertas internacionales.
Federico García Jr., 44, quien había trabajado con el antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos (INS, por sus siglas en inglés) en puertos de entrada en la década de 1990, enfrenta hasta 20 años en prisión federal tras declararse culpable de engañar a numerosos extranjeros legales e indocumentados.
Lucas Hernández Torres, 47, se declaró culpable de los cargos el 25 de abril de 2017 y se encuentra a la espera de su sentencia. Él enfrenta una pena máxima bajo ley federal de 10 años de encarcelamiento.
Diecinueve nacionales extranjeros fueron acusados de votar ilegalmente en las elecciones de 2016 el viernes. Ese mismo día, un ciudadano estadounidense también fue acusado de ser cómplice de una extranjera para que ella falsamente afirmase ciudadanía estadounidense para registrarse para votar.
José López Morales, 36, un ciudadano de Guatemala residiendo ilegalmente en Independence, Iowa fue condenado a dos meses en prisión federal tras su declaración de culpabilidad el 25 de enero de 2018 de un cargo de utilizar documentos de identificación ilegalmente.
ICE Boston y fiscal federal anuncian penas en importantes casos de fraude de documentos y beneficios
David Brimage, 46, de Boston, fue condenado por el fiscal federal de distrito Leo T. Sorokin a ocho meses en prisión y dos años de libertad supervisada. En octubre de 2017, Brimage y las coconspiradoras Evelyn Medina, 56; Annette Gracia, 37; Bivian Yohanny Brea, 41 —todas de Boston— y Kimberly Jordan, 33, de Randolph, acordaron declararse culpables de un cargo de producción de un documento de identificación sin la autoridad legal para hacerlo o un documento de identificación falso. Todos los acusados ya han sido condenados.
La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) arrestó a Catalino Esteban Valiente Alonzo, 77, de Fontana, quien había sido el jefe de la Policía Nacional en Quetzaltenango, Guatemala, luego de que Valiente fuese acusado formalmente de un cargo por un gran jurado federal.
Joel Paul, 45, de Fishers, Indiana, se declaró culpable de un cargo de fraude postal, un cargo de fraude de documentos de inmigración y un cargo de robo de identidad con agravante en conexión con un esquema para presentar solicitudes fraudulentas de “visas U”.
El 19 de abril, Yi Lee, 44, y sus siguientes cinco codemandados fueron imputados y acusados formalmente por participar en una conspiración para cometer fraude matrimonial: Chia-Jung Chang, 39; Dan Zheng, 33; Lian Xiang Deng, 42 y Xiao-Yin Le, 50, todos nacionales chinos presentes ilegalmente en los Estados Unidos; y Santiago Aveles, 31, de Las Cruces. La formulación de cargos también acusó a Aveles y Zheng de haber cometido fraude matrimonial con el propósito de evadir las leyes federales de inmigración.
Amna Cheema, 37, de Pakistán, se declaró culpable de los cargos el 10 de octubre de 2017 ante el juez federal de distrito Renee Harris Toliver. Cheema permanecerá bajo custodia a la espera de su audiencia de sentencia, la cual está pautada para el 22 de enero de 2018. El comienzo del juicio del coacusado Bilal Khaleeq, 47, está pautado para el 11 de diciembre de 2017 por su participación en la conspiración.
Específicamente, la formulación de cargos acusa a Ahmed Khaleeq, 47, y Amna Cheema, 37, de un cargo cada uno de conspiración para cometer fraude matrimonial. Si son condenados, el cargo mencionado en la formulación de cargos conlleva una pena máxima de hasta cinco años de prisión federal y una multa de $250,000.
Javier Cañizalez-Hernández, 40, un ciudadano de Honduras, había confesado durante su declaración de culpabilidad que él había utilizado un número de Seguro Social que no le había sido asignado a él para obtener una tarjeta de identificación del estado de Luisiana del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) en Houma.
José Arizmendi, 54, oriundo de México, se declaró culpable en abril de 1996 por agresión sexual con agravante contra un niño en la Corte de Distrito del Condado de Harris, Texas.
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